Las medidas contra el Covid-19 en Canadá carecen de fundamento científico

El 18 de enero de 2022, en plena oleada de Ómicron(*), el Ministerio de Salud de Ontario informó un récord provincial de 4.183 personas hospitalizadas con COVID-19. Por primera vez, la cifra venía desagregada: el 53,5 % estaba internado a causa de la enfermedad y el 46,5 % había ingresado por otros motivos y dado positivo en el cribado de admisión.

Hasta ese momento, ambos grupos se habían contado juntos. La provincia había pedido a los hospitales que empezaran a distinguirlos recién el 29 de diciembre de 2021, casi dos años después del inicio de la pandemia y meses después de que el pasaporte sanitario provincial entrara en vigor.

No hubo ocultamiento: la corrección la publicó el propio gobierno provincial y la difundió la prensa. El problema es otro, y es más difícil de resolver. Las cifras agregadas anteriores ya habían cumplido su función retórica en el debate sobre las restricciones, y ninguna de las medidas justificadas con ellas se revisó cuando el denominador cambió.

Con COVID y por COVID

La distinción importa menos de lo que sugieren algunos críticos y más de lo que admitieron las autoridades en su momento.

Importa menos porque el sesgo no era uniforme. El mismo informe del 18 de enero precisaba que, en cuidados intensivos, el 82,1 % de los pacientes estaba internado específicamente por COVID-19 y solo el 17,9 % por otras causas. Es decir: la contaminación de la métrica era grande en camas generales y pequeña en la métrica que mide gravedad. Quien cite el 46 % sin citar el 18 % está haciendo la misma selección de evidencia que denuncia.

Importa más porque las cifras de hospitalización fueron, durante meses, el principal argumento público para sostener restricciones. Un indicador que mezcla dos poblaciones clínicamente distintas no deja de ser útil para gestionar camas —un positivo incidental también exige aislamiento y personal—, pero sí deja de servir para medir la gravedad de la enfermedad. Se usó para lo segundo.

Cuándo empieza a contar una vacuna

Una segunda fuente de ruido afectó todas las comparaciones entre vacunados y no vacunados: la ventana de clasificación.

Por convención internacional, una persona se consideraba «completamente vacunada» a partir de los 14 días posteriores a la última dosis. Los eventos ocurridos antes de ese umbral quedaban fuera del grupo de vacunados. Según la jurisdicción, se asignaban a una categoría intermedia de «parcialmente vacunados» —como recomendaban los CDC estadounidenses— o directamente al grupo de no vacunados.

La convención tiene una justificación inmunológica razonable: antes de esos 14 días la respuesta no está establecida. Pero introduce una asimetría reconocida en la literatura como case-counting window bias: en un ensayo clínico la ventana se aplica a ambos brazos, mientras que en un estudio observacional no hay dosis de placebo a partir de la cual contar, de modo que la ventana anula eventos en un grupo y no en el otro.

La magnitud del efecto está en disputa y depende de cómo cada jurisdicción resolviera la categoría intermedia. Lo que no está en disputa es que existe y que rara vez apareció en la comunicación pública de las tasas comparadas.

Dos curvas que se separaron

El punto donde el debate suele descarrilar es la oleada de Ómicron, cuando las tasas de casos entre vacunados alcanzaron y superaron a las de no vacunados en varios conjuntos de datos canadienses.

Ese dato es real. Y convive con otro, del mismo momento y la misma provincia: según el tablero de la Mesa Científica de Ontario, al 7 de enero de 2022 la ocupación hospitalaria era de 611 por millón entre los no vacunados y de 129 por millón entre quienes tenían al menos dos dosis.

Las dos cosas son ciertas a la vez, y la explicación no es misteriosa: la protección contra la infección se había erosionado sustancialmente frente a Ómicron, mientras que la protección contra la enfermedad grave se mantenía. Son dos variables distintas que se movieron en direcciones distintas.

La consecuencia política, sin embargo, es incómoda para el discurso oficial de la época. Los pasaportes sanitarios se defendieron en buena medida como herramienta para reducir la transmisión —el argumento de proteger a terceros—, y ese fundamento se debilitó de forma medible durante la oleada de Ómicron. El fundamento que se mantuvo fue otro: la reducción de enfermedad grave, que protege sobre todo al propio vacunado. La justificación no se reformuló cuando la evidencia cambió.

La crítica y sus límites

La estadística Regina Watteel, doctorada en la Universidad de Western Ontario, ha sostenido públicamente que los datos oficiales contradecían los modelos usados para justificar las restricciones. Su trabajo —el libro autoeditado Fisman’s Fraud: The Rise of Canadian Hate Science, de 2023— se centra en un estudio de modelización de la transmisión publicado en abril de 2022 y fue mencionado en el Parlamento canadiense.

Conviene ser preciso sobre qué es y qué no es. No se trata de una auditoría revisada por pares del sistema de vigilancia canadiense, sino de una crítica de autor, difundida a través de medios de posición declarada, y centrada en un artículo específico. Eso no la invalida —las objeciones metodológicas se evalúan por su contenido, no por su procedencia—, pero presentarla como «análisis independiente» a secas induce a error sobre su estatus.

Varias de las afirmaciones que circulan atribuidas a esta línea crítica no son verificables con las fuentes públicas disponibles: una supuesta sobreestimación de ochenta veces en las tasas de hospitalización de mayores no vacunados, o un porcentaje preciso de casos tempranos mal clasificados. Mientras no se acompañen de referencia, no deberían citarse.

Qué queda

Nada de lo anterior demuestra que los mandatos carecieran de fundamento científico. La evidencia sobre reducción de enfermedad grave era sólida entonces y lo sigue siendo, y esa fue una de las justificaciones invocadas.

Lo que sí queda documentado es una brecha entre la calidad real de las métricas y la certeza con que se comunicaron. Un indicador que mezclaba dos poblaciones clínicas se presentó como medida de gravedad. Una convención de clasificación con efectos conocidos sobre las comparaciones se omitió de la comunicación pública. Y cuando la evidencia sobre transmisión se debilitó, el argumento que dependía de ella no se retiró: se sustituyó por modelos.

Esa brecha tiene un costo, y no se paga en la pandemia que terminó sino en la siguiente. La confianza institucional es un recurso que se gasta al presentar como firme lo que era provisional.

Fuentes

• Ministerio de Salud de Ontario, datos de hospitalización desagregados, 18 de enero de 2022 (cobertura de CBC News).
• Global News, «Ontario to update data reporting so that possible incidental COVID deaths are identified», 13 de enero de 2022.
• Mesa Científica Asesora COVID-19 de Ontario, tablero de ocupación hospitalaria por estado de vacunación, enero de 2022 (vía The Globe and Mail).
• CDC, MMWR 70(37), «Monitoring Incidence of COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths, by Vaccination Status», septiembre de 2021.
• Watteel, R., Fisman’s Fraud: The Rise of Canadian Hate Science, RainSong Books, 2023.