El 18 de enero de 2022, en plena oleada de Ómicron(*), el Ministerio de Salud de Ontario informó un récord provincial de 4.183 personas hospitalizadas con COVID-19. Por primera vez, la cifra venía desagregada: el 53,5 % estaba internado a causa de la enfermedad y el 46,5 % había ingresado por otros motivos y dado positivo en el cribado de admisión.

Hasta ese momento, ambos grupos se habían contado juntos. La provincia había pedido a los hospitales que empezaran a distinguirlos recién el 29 de diciembre de 2021, casi dos años después del inicio de la pandemia y meses después de que el pasaporte sanitario provincial entrara en vigor.

No hubo ocultamiento: la corrección la publicó el propio gobierno provincial y la difundió la prensa. El problema es otro, y es más difícil de resolver. Las cifras agregadas anteriores ya habían cumplido su función retórica en el debate sobre las restricciones, y ninguna de las medidas justificadas con ellas se revisó cuando el denominador cambió.

Con COVID y por COVID

La distinción importa menos de lo que sugieren algunos críticos y más de lo que admitieron las autoridades en su momento.

Importa menos porque el sesgo no era uniforme. El mismo informe del 18 de enero precisaba que, en cuidados intensivos, el 82,1 % de los pacientes estaba internado específicamente por COVID-19 y solo el 17,9 % por otras causas. Es decir: la contaminación de la métrica era grande en camas generales y pequeña en la métrica que mide gravedad. Quien cite el 46 % sin citar el 18 % está haciendo la misma selección de evidencia que denuncia.

Importa más porque las cifras de hospitalización fueron, durante meses, el principal argumento público para sostener restricciones. Un indicador que mezcla dos poblaciones clínicamente distintas no deja de ser útil para gestionar camas —un positivo incidental también exige aislamiento y personal—, pero sí deja de servir para medir la gravedad de la enfermedad. Se usó para lo segundo.

Cuándo empieza a contar una vacuna

Una segunda fuente de ruido afectó todas las comparaciones entre vacunados y no vacunados: la ventana de clasificación.

Por convención internacional, una persona se consideraba «completamente vacunada» a partir de los 14 días posteriores a la última dosis. Los eventos ocurridos antes de ese umbral quedaban fuera del grupo de vacunados. Según la jurisdicción, se asignaban a una categoría intermedia de «parcialmente vacunados» —como recomendaban los CDC estadounidenses— o directamente al grupo de no vacunados.

La convención tiene una justificación inmunológica razonable: antes de esos 14 días la respuesta no está establecida. Pero introduce una asimetría reconocida en la literatura como case-counting window bias: en un ensayo clínico la ventana se aplica a ambos brazos, mientras que en un estudio observacional no hay dosis de placebo a partir de la cual contar, de modo que la ventana anula eventos en un grupo y no en el otro.

La magnitud del efecto está en disputa y depende de cómo cada jurisdicción resolviera la categoría intermedia. Lo que no está en disputa es que existe y que rara vez apareció en la comunicación pública de las tasas comparadas.

Dos curvas que se separaron

El punto donde el debate suele descarrilar es la oleada de Ómicron, cuando las tasas de casos entre vacunados alcanzaron y superaron a las de no vacunados en varios conjuntos de datos canadienses.

Ese dato es real. Y convive con otro, del mismo momento y la misma provincia: según el tablero de la Mesa Científica de Ontario, al 7 de enero de 2022 la ocupación hospitalaria era de 611 por millón entre los no vacunados y de 129 por millón entre quienes tenían al menos dos dosis.

Las dos cosas son ciertas a la vez, y la explicación no es misteriosa: la protección contra la infección se había erosionado sustancialmente frente a Ómicron, mientras que la protección contra la enfermedad grave se mantenía. Son dos variables distintas que se movieron en direcciones distintas.

La consecuencia política, sin embargo, es incómoda para el discurso oficial de la época. Los pasaportes sanitarios se defendieron en buena medida como herramienta para reducir la transmisión —el argumento de proteger a terceros—, y ese fundamento se debilitó de forma medible durante la oleada de Ómicron. El fundamento que se mantuvo fue otro: la reducción de enfermedad grave, que protege sobre todo al propio vacunado. La justificación no se reformuló cuando la evidencia cambió.

La crítica y sus límites

La estadística Regina Watteel, doctorada en la Universidad de Western Ontario, ha sostenido públicamente que los datos oficiales contradecían los modelos usados para justificar las restricciones. Su trabajo —el libro autoeditado Fisman’s Fraud: The Rise of Canadian Hate Science, de 2023— se centra en un estudio de modelización de la transmisión publicado en abril de 2022 y fue mencionado en el Parlamento canadiense.

Conviene ser preciso sobre qué es y qué no es. No se trata de una auditoría revisada por pares del sistema de vigilancia canadiense, sino de una crítica de autor, difundida a través de medios de posición declarada, y centrada en un artículo específico. Eso no la invalida —las objeciones metodológicas se evalúan por su contenido, no por su procedencia—, pero presentarla como «análisis independiente» a secas induce a error sobre su estatus.

Varias de las afirmaciones que circulan atribuidas a esta línea crítica no son verificables con las fuentes públicas disponibles: una supuesta sobreestimación de ochenta veces en las tasas de hospitalización de mayores no vacunados, o un porcentaje preciso de casos tempranos mal clasificados. Mientras no se acompañen de referencia, no deberían citarse.

Qué queda

Nada de lo anterior demuestra que los mandatos carecieran de fundamento científico. La evidencia sobre reducción de enfermedad grave era sólida entonces y lo sigue siendo, y esa fue una de las justificaciones invocadas.

Lo que sí queda documentado es una brecha entre la calidad real de las métricas y la certeza con que se comunicaron. Un indicador que mezclaba dos poblaciones clínicas se presentó como medida de gravedad. Una convención de clasificación con efectos conocidos sobre las comparaciones se omitió de la comunicación pública. Y cuando la evidencia sobre transmisión se debilitó, el argumento que dependía de ella no se retiró: se sustituyó por modelos.

Esa brecha tiene un costo, y no se paga en la pandemia que terminó sino en la siguiente. La confianza institucional es un recurso que se gasta al presentar como firme lo que era provisional.

Fuentes

• Ministerio de Salud de Ontario, datos de hospitalización desagregados, 18 de enero de 2022 (cobertura de CBC News).
• Global News, «Ontario to update data reporting so that possible incidental COVID deaths are identified», 13 de enero de 2022.
• Mesa Científica Asesora COVID-19 de Ontario, tablero de ocupación hospitalaria por estado de vacunación, enero de 2022 (vía The Globe and Mail).
• CDC, MMWR 70(37), «Monitoring Incidence of COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths, by Vaccination Status», septiembre de 2021.
• Watteel, R., Fisman’s Fraud: The Rise of Canadian Hate Science, RainSong Books, 2023.

Cualquier crítica al diagnóstico de TDAH arrastra una trampa: quien la formula es acusado de inmediato de negar el sufrimiento de quienes lo reciben. Y es cierto que recibir por fin un diagnóstico médico suele producir alivio. Ofrece una explicación tangible del sufrimiento vivido, da acceso a un tratamiento que promete revertir los problemas, genera pertenencia a un grupo que atraviesa las mismas dificultades y abre la posibilidad de compartir la experiencia. Son efectos reales, a veces muy importantes, que no deben ignorarse.

Pero reconocer que un diagnóstico produce efectos reales en la vida de una persona no obliga a validarlo como descripción fiel de la realidad. Un nombre puede organizar una experiencia, generar pertenencia y abrir puertas institucionales y, aun así, ser en gran medida una explicación causal falsa. La cuestión no es si hay sufrimiento, sino qué implica nombrarlo de esta manera, atribuirle esta causa y sostener este tratamiento. ¿Qué revela esa operación y qué oculta?

Una categoría en expansión

En noviembre de 1998, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos celebraron una conferencia de tres días para establecer un consenso sobre el diagnóstico y el tratamiento del TDAH. El presidente del encuentro le pidió a Mark Vonnegut, un especialista de referencia en la materia, algo aparentemente sencillo: describir a un paciente típico en términos de sintomatología. Vonnegut habló dos o tres minutos y no logró definir el trastorno. Su conclusión, registrada en vídeo, fue que el diagnóstico es un desastre.⁽¹⁾

El documento de consenso, publicado pocos días después, afirmó que el diagnóstico podía realizarse de forma fiable mediante métodos de entrevista bien probados.⁽²⁾ Vonnegut lo había refutado en vivo, ante los propios autores del documento.

La escena resume el problema. Uno de los mayores especialistas del campo, interrogado directamente sobre el trastorno que define su carrera, no sabe qué responder. No se trata de un fallo individual, sino del síntoma de una categoría que no corresponde a ninguna entidad natural.⁽³⁾ No tiene biomarcador. No tiene etiología establecida. Existe, sobre todo, porque resulta funcionalmente útil para quienes la producen y la comercializan.

Lo que hoy llamamos TDAH nació en la década de 1980 como Trastorno por Déficit de Atención (TDA), en el DSM-III.⁽⁴⁾ Era una condición diagnosticada sobre todo en niños con deterioro grave de la atención y la conducta, con una prevalencia estimada en torno al 3 % de los escolares. El DSM-IV, de 1994, amplió los criterios de forma significativa. Allen Frances, que presidió el grupo de trabajo de ese manual, reconoció públicamente que no lograron prevenir las falsas epidemias que siguieron, entre ellas la del TDAH.⁽⁵⁾ La prevalencia subió al 5 %. Con el DSM-5, de 2013, llegó al 10 %. Cada actualización volvió el diagnóstico más fácil de emitir y el mercado de medicamentos, más grande.

El movimiento más revelador, sin embargo, fue la extensión del TDAH a los adultos. Concebido originalmente como una condición infantil, se redefinió de forma progresiva como crónica y vitalicia. Peter Gøtzsche, en su Manual de psiquiatría crítica, describe un pequeño experimento que repite en sus conferencias para profesionales de la salud: presenta al público el cuestionario oficial de autoevaluación de TDAH para adultos (ASRS-v1.1)⁽⁶⁾ y les pide que lo respondan. Entre un tercio y la mitad da positivo. En una clase con 27 terapeutas, en 2022, dieron positivo 21. También lo probó con su esposa, su hija y el novio de ella: todos positivos, él incluido.⁽⁷⁾ Cualquier persona dinámica, creativa, a la que le cueste concentrarse en tareas tediosas, corre el riesgo de llevarse un diagnóstico que la coloca en la ruta de una prescripción de anfetaminas.

Esto no es una anomalía del sistema. Es el sistema funcionando como fue diseñado.

Una pregunta que casi nadie hace

En 2007, un equipo de la Universidad de Southampton publicó en The Lancet un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo.⁽⁸⁾ El estudio evaluó el efecto de mezclas de colorantes artificiales y benzoato de sodio —un conservante habitual en alimentos procesados— sobre la conducta de niños de 3 años y de 8 a 9 años de la población general, sin diagnóstico previo de ningún trastorno. El consumo de estas sustancias se asoció con un aumento significativo de la hiperactividad y la falta de atención en ambos grupos de edad. No en niños seleccionados clínicamente: en cualquier niño.

El estudio no es marginal. Sus resultados pesaron lo suficiente como para que la Unión Europea exija, desde 2010, que los alimentos con seis colorantes específicos —los llamados «colores de Southampton»— lleven en el envase la advertencia de que pueden afectar negativamente la actividad y la atención de los niños.⁽⁹⁾ Una medida de salud pública adoptada en un continente entero, sobre sustancias que siguen circulando libremente en el mercado brasileño sin ninguna alerta equivalente: una demostración más de que los países subordinados política y económicamente siguen siendo el vertedero de la industria.

Una revisión publicada en 2022 en la Revista de Saúde Pública (USP), que examinó estudios de 21 países, encontró que el consumo infantil de colorantes y conservantes supera con frecuencia los llamados límites de seguridad; y esos límites ya son de por sí sospechosos.⁽¹⁰⁾ Se establecen a partir de experimentos en modelos animales, con un coeficiente de seguridad arbitrario de 100, sin estudios de toxicidad acumulativa de múltiples aditivos concomitantes en humanos y sin considerar que los niños ingieren proporcionalmente mucho más por peso corporal que los adultos. Dicho de otro modo: no sabemos cuál es el nivel seguro de consumo de estas sustancias para los niños, porque nunca se hicieron los estudios necesarios para determinarlo.

La pregunta, entonces, es: cuando un médico diagnostica TDAH a un niño o a un adulto en Brasil, ¿con qué frecuencia pregunta por su alimentación? ¿Con qué frecuencia averigua si consume a diario snacks, gelatina, refrescos, golosinas, cereales de desayuno coloreados o jugos en polvo, productos que están entre los más consumidos por los niños brasileños y que suelen contener precisamente estos compuestos?

Casi nunca. Y ese «casi nunca» no es casual.

Dos industrias, una misma lógica

La ausencia de advertencias sobre colorantes artificiales en los alimentos brasileños no es una simple laguna legal. Es el resultado de una dinámica de poder: la industria alimentaria tiene capacidad de bloquear las regulaciones que amenazan sus productos, y la ejerce de forma sistemática y documentada. Los colorantes artificiales no cumplen ninguna función nutricional; son compuestos sintéticos añadidos únicamente para hacer los productos visualmente más atractivos, sobre todo para los niños. La evidencia sobre sus efectos neuroconductuales se publicó en una de las revistas médicas más influyentes del mundo y fue reconocida por las agencias reguladoras europeas; sin embargo, en Brasil no existe prohibición alguna ni obligación de advertir en el envase.

Esa invisibilidad beneficia a dos intereses a la vez. Por un lado, a la industria alimentaria, que vende más cuando sus productos son más coloridos. Por otro, a la industria farmacéutica, que lucra cuando los efectos neuroconductuales producidos por estos compuestos se interpretan no como respuesta a un agente tóxico externo, sino como síntoma de un trastorno interno que exige medicación continua. Ambas suelen ser cabezas de la misma hidra: los grandes conglomerados que controlan los alimentos procesados y los que controlan los fármacos responden al mismo universo de capital financiero globalizado, con su propio interés en un modelo de consumo que produce enfermedad y luego vende tratamiento.

Un niño que ingiere tartrazina a diario en su cereal de desayuno no genera ganancias para ninguna compañía farmacéutica si el pediatra investiga su dieta y recomienda modificarla. Sí resulta rentable, en cambio, si el pediatra diagnostica TDAH y prescribe metilfenidato, y sigue siéndolo durante años, porque el medicamento no cura: suprime temporalmente los síntomas mientras la causa permanece intacta. A los efectos iatrogénicos de los propios fármacos se suman los nuevos diagnósticos y las nuevas prescripciones que aquellos habilitan, en una cascada que desemboca en polimedicación y convierte al paciente en cliente vitalicio.

Qué revela un diagnóstico y qué oculta

Un diagnóstico no es solo una descripción. Es una operación que organiza la realidad de una manera específica y produce consecuencias prácticas precisas.

Cuando el médico dijo «su hijo tiene TDAH», el problema quedó localizado de inmediato en el individuo. No en la escuela que exige inmovilidad durante seis horas seguidas. No en la comida industrial que introduce sustancias neuroactivas en el cuerpo del niño desde el desayuno. No en el entorno familiar sobrecargado ni en el trauma no dicho. En el cerebro del niño. En una supuesta disfunción dopaminérgica que —conviene recordarlo— nunca se demostró directamente en ningún examen clínico disponible. La afirmación de que «las imágenes cerebrales muestran anomalías» asociadas al TDAH, repetida en manuales y guías clínicas, no se sostiene: no se ha establecido que los cerebros de los niños diagnosticados sean estructuralmente distintos de los del resto.⁽¹¹⁾ Gøtzsche documenta el caso de una joven que le reveló a su psiquiatra haber sufrido abuso sexual en la infancia. La respuesta fue que eso no venía al caso.⁽¹²⁾ Lo relevante era el cuestionario estandarizado.

Establecida la causa como neurobiológica, el tratamiento lógico pasó a ser farmacológico: metilfenidato o anfetaminas, sustancias que reducen temporalmente las conductas no deseadas pero no corrigen la causa. El estudio más extenso sobre el tema, el ensayo MTA, financiado por los NIH, incluyó a 579 niños distribuidos en cuatro grupos de tratamiento.⁽¹³⁾ A los 14 meses, el grupo con medicación mostró mejores resultados en los síntomas evaluados por docentes y padres. A los tres años, los cuatro grupos no presentaban diferencias en ningún desenlace clínicamente relevante: calificaciones escolares, arrestos, hospitalizaciones psiquiátricas, habilidades sociales. Uno de los investigadores admitió después que habían exagerado el efecto beneficioso de la medicación. Los NIH difundieron igualmente esos resultados bajo un título que anunciaba la persistencia de la mejora en la mayoría de los niños. Fantasía institucionalizada.

Los daños de los fármacos se subestiman de forma sistemática. En el seguimiento a 16 años del propio MTA, quienes usaron estimulantes de manera sostenida resultaron en promedio unos 2,5 cm más bajos en la adultez que quienes casi no los usaron. En torno al 3 % de los pacientes desarrolla psicosis o manía, una tasa muy superior a la advertida por la FDA.⁽¹⁴⁾ Adderall XR, una mezcla de sales de anfetamina ampliamente recetada a niños en Estados Unidos, fue suspendido por Health Canada en febrero de 2005 tras veinte notificaciones internacionales de muerte súbita —catorce de ellas en niños— y varios accidentes cerebrovasculares; la FDA no adoptó una medida equivalente, y la suspensión canadiense se levantó en agosto de ese mismo año, tras la revisión de un comité independiente. Dos revisiones independientes de Cochrane concluyeron que todos los ensayos con metilfenidato realizados hasta la fecha, en niños y en adultos, presentaban alto riesgo de sesgo, y calificaron la certeza de la evidencia como muy baja para todos los desenlaces primarios.⁽¹⁵⁾ Buena parte de esos estudios fue realizada por un grupo reducido de psiquiatras con amplios vínculos financieros con los fabricantes: en un solo trabajo, dieciséis autores declararon 214 relaciones con compañías farmacéuticas, un promedio de 13 por autor.⁽¹⁶⁾

La categoría no puede reformarse

El problema no es que el diagnóstico de TDAH sea mal aplicado por profesionales malintencionados. El problema es que la categoría se construyó exactamente para lo que hace: centrar el problema en el individuo, invisibilizar las causas ambientales, sociales e históricas del sufrimiento y habilitar un tratamiento farmacológico que convierte a los pacientes en consumidores de por vida. No se puede usar esta etiqueta e investigar al mismo tiempo si el niño ingiere tartrazina a diario, porque la etiqueta declara implícitamente que la causa ya fue identificada y que la solución está en una caja de pastillas. Lo demás es fachada.

La relación entre diagnóstico y tratamiento es inseparable. Cada ampliación de los criterios —de TDA a TDAH, de los cuadros graves a los rasgos de personalidad, de los niños a los adultos— se corresponde con una ampliación del mercado. No es casualidad ni distorsión: es el mecanismo central.

La psiquiatría como institución

El TDAH no es una excepción en la psiquiatría contemporánea, sino su caso modelo. La lógica que lo rige rige también la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia: sitúa el problema en el individuo, postula una causa neurobiológica sin pruebas directas, prescribe un fármaco que actúa sobre los síntomas sin abordar las causas e invisibiliza sistemáticamente lo ambiental, lo social, lo relacional y lo histórico. El DSM, en cada nueva edición, no descubre enfermedades: crea categorías, amplía las existentes y expande el universo de personas susceptibles de recibir tratamiento farmacológico.

El psiquiatra bienintencionado que prescribe metilfenidato no es el problema, del mismo modo que un diagnóstico bienintencionado que describe un sufrimiento real no es por eso correcto. El problema es institucional: la formación médica, los protocolos clínicos, los materiales educativos, los simposios financiados, las guías publicadas —todo el entorno epistémico en el que opera el médico— se construyó en buena medida con la inversión de quienes se benefician cuando se emite el diagnóstico y se prescribe el fármaco. Un psiquiatra formado en ese entorno no es un agente consciente de la industria: es una consecuencia. La distinción entre intenciones individuales y funciones institucionales es fundamental: las instituciones pueden oprimir sistemáticamente sin que sus miembros se sientan culpables. Eso no las vuelve menos opresivas.

Más allá de la etiqueta: organismo, entorno, subjetividad

El sufrimiento que se presenta como dificultad de atención, impulsividad y agitación es real. Esa nunca fue la cuestión. La cuestión es que ese sufrimiento tiene condiciones de producción —químicas, sociales, afectivas, históricas, económicas, culturales— que solo permanecen invisibles cuando una categoría que llega con la respuesta ya hecha las oculta.

Una investigación seria sobre este sufrimiento debería preguntar: ¿qué come este niño, desde cuándo y con qué frecuencia? ¿Cómo duerme? ¿Cuál es la calidad de su entorno escolar y familiar? ¿Hay algo en su historia que no pueda simbolizar y se manifieste como agitación en el cuerpo? ¿La hiperactividad es estable o aparece en contextos específicos? ¿Qué tipo de atención sostiene cuando el asunto le interesa de verdad?

El cuerpo no es un sustrato pasivo sobre el que se inscriben trastornos a partir de un defecto neurológico aislado. Es un organismo en relación constante con un entorno químico, social, afectivo e histórico. Si se retira el colorante, el organismo responde: eso es fisiología básica. Y es también una amenaza directa para dos arquitecturas económicas a la vez: la que lucra vendiendo alimentos con sustancias neuroactivas a los niños y la que lucra vendiendo medicamentos para tratar sus efectos.

Cuestionar el TDAH no significa negar que los niños sufran. Significa negarse a que ese sufrimiento sea instrumentalizado por una categoría que sirve, sobre todo, a intereses ajenos al niño, y tomarlo lo bastante en serio como para investigar sus causas reales.

Los primeros cinco años de vida son decisivos para el desarrollo cerebral. Durante ese periodo el cerebro crece a un ritmo acelerado y sienta las bases del desarrollo cognitivo, emocional y social del niño. Es también la mejor oportunidad para darle una ventaja inicial y una base sólida que facilite su transición a la edad adulta.

Sin embargo, pese al creciente conocimiento sobre la importancia del desarrollo cerebral temprano, muy pocos niños —en especial los que viven en la pobreza— acceden a oportunidades de aprendizaje tempranas, asequibles y de calidad. El alto costo del cuidado infantil y la escasez de plazas los dejan sin atención adecuada justamente durante los años más críticos.

Cuando los niños acceden a programas como Head Start, el programa de Visitas Domiciliarias para Madres, Bebés y Niños Pequeños (MIECHV) y el Fondo para el Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF), reciben los entornos y recursos que un desarrollo cerebral saludable requiere. Aun así, antes de la pandemia y por falta de inversión federal, Head Start —dirigido a niños pequeños de bajos ingresos y sus familias— solo atendía al 41 % de los niños de 3 a 5 años y al 9 % de los bebés y niños pequeños en situación de pobreza.

Invertir en estos programas mejora el rendimiento académico, el empleo y la salud futuros: la investigación económica estima que cada dólar destinado a educación infantil devuelve entre 4 y 13 dólares.

Un costo que las familias no pueden afrontar

La falta de inversión deja a padres y familias expuestos a un costo de cuidado infantil elevado e inaccesible.

• El precio promedio nacional del cuidado infantil ronda los 10.600 dólares anuales.
• En 2021, el cuidado de bebés en centros especializados costó más que la matrícula universitaria pública en 34 estados y el Distrito de Columbia.
• Ese mismo año resultó más caro que la vivienda en 30 estados y el Distrito de Columbia.
• En las familias formadas por parejas casadas, cuidar a un bebé consume entre el 8 % y el 17 % de los ingresos del hogar.
• Para los padres solteros representa al menos un tercio de sus ingresos anuales en todos los estados excepto siete.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. fija el umbral de asequibilidad del gasto de bolsillo en cuidado infantil en un máximo del 7 % de los ingresos del hogar. Con esa referencia, el cuidado infantil es inasequible tanto para las familias de parejas casadas como para las monoparentales en todos los estados.

La oferta tampoco alcanza

La pandemia llevó al borde del colapso a un sector que ya venía en dificultades; solo lo sostuvieron las ayudas temporales, finalizadas en mayo de 2023.

• En 2018 se estimaba que el 51 % de las familias vivía en zonas con oferta insuficiente de cuidado infantil, y el 55 % de las familias de bajos ingresos, en zonas sin suficientes proveedores con licencia.
• En 2021, un análisis de 43 estados contabilizó 8,7 millones de plazas en centros con licencia y programas de cuidado infantil familiar.
• Ese año, los niños que potencialmente necesitaban cuidado infantil sumaban 12,3 millones: un déficit de 3,6 millones de plazas.
• En el año fiscal 2020, alrededor de 1,5 millones de niños recibieron subsidios del CCDF cada mes.
• Desde 2006, la cantidad de niños que recibe subsidios del CCDF cayó en más de 285.000.

Una fuerza laboral mal pagada

La falta de inversión también repercute sobre quienes trabajan en el sector.

• En los 50 estados y el Distrito de Columbia, los trabajadores del cuidado infantil ganan menos de la mitad del salario digno de un padre soltero con un hijo: en promedio, menos de 27.700 dólares anuales, apenas 13,13 dólares por hora.
• Los educadores de la primera infancia enfrentan tasas de pobreza 7,7 veces más altas, en promedio, que los docentes del sistema K-8 (educación inicial a octavo grado).
• El 96 % de esta fuerza laboral son mujeres y el 40 % son personas de color; sus bajos salarios constituyen un problema de justicia de género y racial.

El preescolar retrocedió una década

Antes de la pandemia se registraban avances en el acceso a la educación preescolar. Durante el primer año de pandemia, en cambio, la matrícula en preescolares financiados por los estados cayó en 298.000 niños (un 18 %) a nivel nacional: el primer descenso en 20 años, que revirtió una década de progreso.

• En el ciclo escolar 2020-2021, los estados matricularon casi 1,36 millones de niños en preescolares financiados con fondos estatales: 1,15 millones de 4 años y 187.000 de 3 años.
• Ese mismo ciclo, solo el 29 % de los niños de 4 años y menos del 5 % de los de 3 años estaban matriculados en preescolar.
• La matrícula se recuperó en el otoño de 2021, pero se mantuvo unos cinco puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia.
• La calidad es despareja: solo cinco estados —Alabama, Hawái, Michigan, Misisipi y Rhode Island— cumplen los 10 puntos de referencia del Instituto Nacional de Investigación sobre Educación Infantil para los estándares mínimos de calidad del preescolar estatal.
• Solo el 11 % de los niños matriculados en preescolares financiados por los estados asistía a un programa que cumpliera 9 o 10 de esos indicadores.

Restaurar no alcanza: hace falta inversión sostenida

No basta con devolver los programas de desarrollo y educación infantil a su estado previo a la pandemia. La ayuda de emergencia mantuvo los programas abiertos, alivió a los padres frente a los altos costos y permitió pagar bonificaciones temporales a los trabajadores, pero está por agotarse.

Construir un sistema de cuidado infantil integral, asequible, equitativo y sostenible exige una inversión pública sólida y de largo plazo: que las familias puedan pagar el cuidado, que los niños reciban el apoyo que su desarrollo requiere y que los trabajadores perciban un salario digno. Sea en una guardería, en Head Start, en el preescolar o en casa con un cuidador, todos los niños pequeños merecen las mismas oportunidades de desarrollo y aprendizaje temprano.

Mientras contemplaba cómo las olas rompían en el vasto y rugiente océano frente a él, Dave Phillips se sintió sin opciones al borde del acantilado en Cornualles. El ex cabo del ejército británico había perdido a varios seres queridos en rápida sucesión, y los efectos acumulativos del trastorno de estrés postraumático (TEPT) no tratado, consecuencia de sus misiones militares, se habían vuelto insoportables.

“Pertenezco a una generación en la que no hablábamos”, dice Phillips, de 67 años. “Intenté lidiar con ello por mi cuenta y terminé al borde de un precipicio pensando: ‘Sí, este es el camino’”.

Solo la voz de su difunta pareja en su mente, diciéndole «no seas idiota», le impidió dar ese paso, pero en ese instante supo que necesitaba ayuda. Phillips no podía imaginar el papel tan importante que el océano desempeñaría en su sanación.

Ese día se marchó y buscó ayuda profesional para el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Le presentaron Turn to Starboard , una organización benéfica británica que ayuda a los veteranos a sobrellevar el trauma a través de la navegación. Asistir a sus sesiones lo cambió todo para él, afirma. «El mar me aleja de todo el estrés y las tensiones de la vida. Tiene el poder de la calma».

Hoy, Phillips forma parte de la tripulación que se enfrenta a las inclemencias del tiempo mientras circunnavega el Reino Unido en dos grandes veleros, recaudando fondos para la organización benéfica y portando la bandera de los Juegos Invictus por todo el país. Y, según afirma, vuelve a estar ilusionado con la vida.
«El mar te recuerda que estás vivo», dice Sally Terry, directora ejecutiva de Turn to Starboard. «He visto cómo despierta algo en la gente».

El océano ha servido de base durante mucho tiempo para prácticas restaurativas que mejoran la salud en todo el mundo, desde los médicos de la época victoriana que prescribían «curas marinas» a sus pacientes hasta la tendencia actual de nadar en aguas frías.

Pero fue el biólogo marino Wallace J. Nichols y su libro de 2014, Blue Mind , que exploraba los beneficios neurológicos y psicológicos de estar en, sobre o cerca del agua, lo que puso el poder terapéutico del océano en primer plano. Esta atracción por el agua que describió Nichols se conoce como la teoría del espacio azul o mente azul, que se ha aplicado con creciente frecuencia en prácticas terapéuticas en los últimos años.

cuando Sophie Pyne , cofundadora de Waves of Recovery , un programa de terapia de surf , asistió a su primera conferencia de organizaciones similares en 2022, contabilizó casi 50 programas similares. «Ahora hay más de 100 en todo el mundo», afirma. «Crece cada año».

Organización sin fines de lucro de California ayuda a las personas a afrontar problemas de salud mental y adicciones, utilizando las olas y los retiros de surf como terapia. Antes de fundar Waves of Recovery, Pyne luchó contra el agotamiento y la adicción. Cuando se subió por primera vez a una tabla de surf, redescubrió algo que, según ella, no había sentido en mucho tiempo: «Estar viva, ser libre».

La terapia en espacios naturales suele complementar los procesos de recuperación más amplios, y Waves of Recovery trabaja en colaboración con los centros de tratamiento de la zona. «La naturaleza y el océano se convierten en agentes de sanación en esta experiencia, y creo que realmente ayuda a romper el estigma que rodea a las personas que buscan apoyo», afirma Pyne.

“Todos llevamos trajes de neopreno y no llevamos maquillaje. Así, [los clientes] me ven más como una persona que los acompaña en este proceso, en lugar de alguien que les dice lo que tienen que hacer.”

Muchas organizaciones reconocen que el trabajo de Nichols fue fundamental para la renovada popularidad del movimiento. Sus hallazgos, respaldados por la ciencia, revelan que la exposición a diversos espacios azules —incluidos océanos, ríos y lagos— puede ser beneficiosa para el cerebro, ya que reduce los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, y mejora la sensación de bienestar.
“Creo que eso le dio mayor credibilidad”, dice Terry, de Turn to Starboard, “y las organizaciones comenzaron a interesarse más en ello”.

El creciente interés por el bienestar en espacios marinos también podría estar cobrando impulso como respuesta a las realidades actuales. Catherine Kelly, geógrafa, lleva décadas escribiendo sobre el tema y asesora a gobiernos en iniciativas relacionadas con los espacios marinos. Desde su casa en Brighton, acaba de llevar a su hijo a la orilla del mar para que se prepare mentalmente para su primer examen de nivel avanzado.

“Las investigaciones sobre ecoterapia nos muestran que la naturaleza, pero sobre todo el agua, nos proporciona una sensación de calma que no encontramos en otros lugares”, afirma. “Pasamos gran parte de nuestro día a día prestando mucha atención… a menudo, por desgracia, a las pantallas, y eso cansa bastante el cerebro”.

Cuando nos acercamos al agua, nuestros hombros se relajan, nuestros ojos y rostro se suavizan. Comenzamos a respirar más lentamente.
Catalina Kelly

“Pero cuando nos acercamos al agua, nuestros hombros se relajan, nuestra mirada y nuestro rostro se suavizan. Empezamos a respirar más despacio. Nos concentramos, pero a la vez no nos concentramos… estamos a la deriva.”

Los beneficios de los espacios azules no solo se perciben sobre el agua. Actualmente están surgiendo prácticas terapéuticas en el buceo y la apnea, donde los participantes pueden experimentar la sensación adicional de ingravidez bajo el agua.

“Les digo que el objetivo es simplemente aprender a practicar apnea , y si lo hacen, estarán trabajando para que su sistema nervioso se regule y parte de su cerebro se recupere”, afirma el Dr. James Jung, psiquiatra residente en California y director de Inner Depths , un centro de apnea cerca de los bosques de algas marinas de la costa californiana. Descubrió los efectos transformadores del océano mientras lidiaba con problemas de salud mental como veterano de combate del ejército estadounidense.

“Recuperarse de un trauma consiste realmente en lograr que la persona se centre en un proceso en lugar de en un destino”, afirma.

Sin embargo, a pesar del auge de las terapias y el bienestar basados en el océano, la investigación sobre los espacios azules aún puede estar en sus primeros años.
«La investigación apenas ahora está empezando a recibir financiación porque durante años todo el mundo se centró en los espacios verdes», afirma Kelly. «Si eres un legislador que intenta financiar la prescripción social, por ejemplo, es mucho más seguro enviar a las personas a una intervención terapéutica a un bosque, un jardín, un parque o un parque nacional que enviarlas al agua».

Por su parte, Dave Phillips afirma que, si bien no puede predecir qué deparará el futuro, tiene una sensación de que «es prometedor».

“Siento que soy diferente, en el buen sentido, porque he vuelto a ser yo misma. Recuerdo cuando todo esto empezó, con todos mis problemas de salud mental; solo quería volver a ser yo . Y aquí estoy ahora.”